Que Julio Iglesias para mí se haya ganado a pulso el apodo de «Il Follatore» no es ninguna noticia. Que es un hombre rico, tampoco. Al combinar ambos factores, es fácil caer en la tentación de dar por hecho que estamos ante un depredador sexual; al fin y al cabo, parece que solo hay que sumar dos más dos.
Sin embargo, y no precisamente por defenderlo a él, creo que es necesario reivindicar la presunción de inocencia. Es algo que vengo reflexionando desde hace tiempo: nos hemos acostumbrado peligrosamente a dictar sentencia en el tribunal de la opinión pública antes de que lo haga un juez, dejándonos llevar a menudo por si el acusado es o no de nuestro «palo» político. Y lo digo empezando por mí mismo.
Este linchamiento mediático me recuerda inevitablemente al caso de Demetrio Madrid (PSOE). El que fuera primer presidente de la Junta de Castilla y León fue imputado por la venta de una empresa textil y, en un ejercicio de decencia poco común en política, dimitió de todos sus cargos. No solo lo hizo por la gravedad de la acusación, sino por el acoso implacable de los «dóberman» del PP —los reyes de la decencia no me jodas— que no le dieron tregua.
Años después, la justicia lo absolvió. Pero, para entonces, el daño ya era irreversible: nadie le devolvió su acta, ni la presidencia, ni mucho menos recibió una disculpa por parte del partido más salpicado por la corrupción en la historia de España.
Es muy probable que Julio Iglesias acabe condenado; todo indica que su comportamiento es, cuanto menos, abyecto, y personalmente no dudo de la veracidad de los testimonios de las víctimas. Pero, aun así, debemos ser prudentes. Por mucho que el personaje nos repugne, tenemos que respetar que cualquier persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
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