En cada gran catástrofe resuena con fuerza una frase que se repite sin parar: «el pueblo salva al pueblo». Lo escuchamos continuamente de boca de voluntarios que sienten que han estado solos ante la tragedia. Su labor es admirable, sin duda, pero seamos realistas: si el pueblo tuviera que salvar al pueblo, la mitad estaríamos muertos. Y lo decimos con claridad porque, aunque dos grandes unidades estatales de emergencia han estado desplegadas en el terreno, parece haber un gran desconocimiento sobre quién hace qué en este tipo de desastres.
Para entender lo que ocurre en estas situaciones, conviene recordar cómo funciona la cadena de mando y qué competencias tiene cada estamento. La UME (Unidad Militar de Emergencias) —unidad de protección civil militarizada creada en su día por el Gobierno de Zapatero ante el desastre de gestión en esta materia por parte de las comunidades autónomas— y las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) —creadas por el Ministerio de Agricultura y hoy bajo el Ministerio para la Transición Ecológica— no vienen a sustituir a nadie. Su función es reforzar a las unidades que tienen (o deberían tener) las comunidades autónomas. Es decir: las competencias directas en esta materia dependen de las autonomías, no del Gobierno central.
Por un lado, la UME actúa bajo el mando del consejero autonómico (en Nivel 2 de alerta) o del Ministerio del Interior (en Nivel 3). Su cometido en un incendio forestal es global; no están para apagar pequeños focos dispersos —para eso están los medios de las comunidades autónomas, más bien escasos, salvo la pérfida Cataluña—. La filosofía de la UME es la de un frente de guerra: su doctrina es salvar vidas, viviendas y negocios; evitar que las poblaciones se quemen aunque tenga que arder el monte, que ya crecerá. Y en eso han demostrado ser los mejores.
Por otro lado, las BRIF representan la urgencia táctica. Atacan el fuego en cuanto se produce gracias a sus unidades helitransportadas. Son la élite en este campo porque se introducen donde nadie más se atreve. Cuando el incendio adquiere dimensiones descontroladas, actúan como un apoyo auxiliar decisivo para las comunidades.
En cuanto a los voluntarios de los pueblos, es admirable lo que han hecho, pero hay que tener clara una cosa: los incendios de hoy en día no se pueden apagar como en los años setenta. Si solo hubiera habido voluntarios, las poblaciones habrían ardido como la tea. Sin la UME y las BRIF, lugares como el Valle del Tiétar se habrían quemado por completo. ¿Han hecho los vecinos una buena labor? Sin duda, pero hoy en día esta lucha va por otros derroteros.
Ha habido muchas críticas a la UME sin saber —o sin querer saber— que es una unidad militar sujeta a sus mandos y a las órdenes que recibe. Su función no es hacer caso a cualquier gualtrapa que le dé indicaciones sobre el terreno. Toda la tensión generada a su alrededor responde a una cuestión puramente política.
Al ser una unidad estatal perteneciente a un Gobierno en manos del PSOE, se la ataca para erosionar al partido y a su presidente. Para ese objetivo todo vale y todo es «derribable»: se ataca a la UME como se atacó a la Cruz Roja en la DANA, a Cáritas con la inmigración o a cualquier otra organización que sirva para desgastar al Ejecutivo. Si en vez del PSOE hubiera estado el PP, estas críticas no se habrían producido, ni siquiera con sus negligentes gestiones en desastres donde lamentablemente siempre se han perdido muchas vidas.
Por todo ello, hay que poner las cosas en su sitio y valorar la profesionalidad por encima del ruido político.
Por lo tanto: UME y BRIF, misión cumplida y muchas gracias.
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